La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
Este lunes la Corte Suprema confirmó de manera unánime el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, implicado en el denominado Caso Convenios. Con esta resolución, la Fiscalía Regional de La Araucanía podrá avanzar en la investigación penal y solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra el parlamentario. Ojeda está siendo investigado por su presunta participación en el desvío de más de 730 millones de pesos a través de las fundaciones Folab y Educc. Según el fiscal regional Roberto Garrido, Ojeda habría desempeñado un rol clave, ya queél es la persona que ubica a las fundaciones, las incita a postular a estos fondos, financia su funcionamiento y realiza los contactos con funcionarios públicos que permiten la transferencia de fondos” . La indagatoria también revela que el diputado habría recibido parte de los fondos desviados y habría intentado eliminar pruebas, incluyendo la destrucción de su celular cuando fue solicitado por la Fiscalía. Además, en abril, Ojeda renunció a la bancada del Partido Republicano tras varios meses de alejamiento de las actividades del partido.
La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
Este lunes la Corte Suprema confirmó de manera unánime el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, implicado en el denominado Caso Convenios. Con esta resolución, la Fiscalía Regional de La Araucanía podrá avanzar en la investigación penal y solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra el parlamentario. Ojeda está siendo investigado por su presunta participación en el desvío de más de 730 millones de pesos a través de las fundaciones Folab y Educc. Según el fiscal regional Roberto Garrido, Ojeda habría desempeñado un rol clave, ya queél es la persona que ubica a las fundaciones, las incita a postular a estos fondos, financia su funcionamiento y realiza los contactos con funcionarios públicos que permiten la transferencia de fondos” . La indagatoria también revela que el diputado habría recibido parte de los fondos desviados y habría intentado eliminar pruebas, incluyendo la destrucción de su celular cuando fue solicitado por la Fiscalía. Además, en abril, Ojeda renunció a la bancada del Partido Republicano tras varios meses de alejamiento de las actividades del partido.
