Esta mañana de jueves, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la formalización de Los Piratas de Aragua, banda criminal que estaría vinculada con el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. En diálogo con Radio Pauta, la autoridad de Gobierno reiteró su respaldo a la tesis del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros. Lo anterior está relacionado con un móvil político, que involucraría al régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto, Cordero dijo que el Estado está observando con atención para enviar antecedentes a la Corte Penal Internacional (CPI). Las características de este delito, que pareciera al inicio haber sido un secuestro extorsivo, que no se cumplió como tal porque nunca se pidió rescate, que además el homicidio fue pocas horas después, pero además de eso la logística (...) fue descartando hipótesis hasta poder identificar que este podía ser un crimen por encargo y su móvil esencialmente político por las características del teniente (Ronald) Ojeda, dijo. Agregando porque además él no tenía vínculos con ninguna organización criminal en Chile, una persona que estaba trabajando en el país y porque tenía antecedentes de ser un disidente. Cordero y crimen de Ronald Ojeda: Nosotros estamos observando con atención Respecto a la tesis de móvil político, el subsecretario dijo, por un lado, están los testimonios que están vinculados a quién pudo haber hecho ese encargo y, por otro, la investigación más general que ha descartado otros móviles y que ha permitido al fiscal Barros a la convicción del móvil político como crimen por encargo. Fuente: BioBioChile
La institución penitenciaria además abrió un sumario administrativo en contra del funcionario, quien presentó una licencia medica casi al mismo tiempo. Este miércoles se dio a conocer la indagatoria que lleva a cabo Fiscalía en contra de un gendarme en relación con el Caso Monsalve . En concreto, se estaría investigando el uso de un artefacto tecnológico en favor del exsubsecretario del Interior en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber , en donde permanece recluido cumpliendo prisión preventiva tras ser acusado de delitos de violación y abuso sexual. Cabe mencionar que la institución penitenciaria abrió además un sumario administrativo en contra del funcionario, quien presentó una licencia casi al mismo tiempo. El Ministerio de Justicia instruyó que los antecedentes fueran enviados vía oficio al fiscal Francisco Jacir. Según consignó Radio Biobío , el hecho se pudo advertir mediante las cámaras de seguridad del lugar, que captaron como el funcionario de Gendarmería se encontraba al otro lado de la mampara de la celda de Monsalve con un computador en las manos. Las imágenes muestran a la exautoridad conversando por un periodo prolongado con el gendarme, mientras este busca algo en el aparato tecnológico. La indagatoria también determinará si el computador debía o no estar en ese lugar. Fuente: CNN Chile País
Además de la ministra y la parlamentaria, el Fiscal Regional de Coquimbo solicitó la comparecencia de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien fue citada a declarar en relación con el mismo caso. El escándalo generado por la fallida compra de la residencia del expresidente Salvador Allende ha escalado a nuevos niveles, con la citación de importantes figuras políticas a declarar. La ministra de Defensa, Maya Fernández , y la senadora Isabel Allende serán citadas a declarar en calidad de imputadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. La ministra Fernández declarará el próximo jueves 23 de enero a las 15:00 horas, mientras que la senadora Allende deberá hacerlo al día siguiente, el viernes 24 de enero, a las 09:00 horas. También se ha citado a Marcela Sandoval, quien presentó su renuncia al cargo el 6 de enero debido a las controversias surgidas en torno a la compra. El gobierno había anunciado la compra por un valor aproximado $1.000 millones, sin embargo, parte de la propiedad pertenecía a Fernández y Allende lo cual contraviene normativas que prohíben intereses en contratos con el Estado. Paralelamente a la investigación judicial, el Congreso también ha tomado cartas en el asunto. El pasado 13 de enero, se creó una comisión investigadora para esclarecer los detalles y determinar si existieron irregularidades en el proceso. Fuente: CNN Chile País
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
Esta mañana de jueves, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la formalización de Los Piratas de Aragua, banda criminal que estaría vinculada con el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. En diálogo con Radio Pauta, la autoridad de Gobierno reiteró su respaldo a la tesis del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros. Lo anterior está relacionado con un móvil político, que involucraría al régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto, Cordero dijo que el Estado está observando con atención para enviar antecedentes a la Corte Penal Internacional (CPI). Las características de este delito, que pareciera al inicio haber sido un secuestro extorsivo, que no se cumplió como tal porque nunca se pidió rescate, que además el homicidio fue pocas horas después, pero además de eso la logística (...) fue descartando hipótesis hasta poder identificar que este podía ser un crimen por encargo y su móvil esencialmente político por las características del teniente (Ronald) Ojeda, dijo. Agregando porque además él no tenía vínculos con ninguna organización criminal en Chile, una persona que estaba trabajando en el país y porque tenía antecedentes de ser un disidente. Cordero y crimen de Ronald Ojeda: Nosotros estamos observando con atención Respecto a la tesis de móvil político, el subsecretario dijo, por un lado, están los testimonios que están vinculados a quién pudo haber hecho ese encargo y, por otro, la investigación más general que ha descartado otros móviles y que ha permitido al fiscal Barros a la convicción del móvil político como crimen por encargo. Fuente: BioBioChile
La institución penitenciaria además abrió un sumario administrativo en contra del funcionario, quien presentó una licencia medica casi al mismo tiempo. Este miércoles se dio a conocer la indagatoria que lleva a cabo Fiscalía en contra de un gendarme en relación con el Caso Monsalve . En concreto, se estaría investigando el uso de un artefacto tecnológico en favor del exsubsecretario del Interior en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber , en donde permanece recluido cumpliendo prisión preventiva tras ser acusado de delitos de violación y abuso sexual. Cabe mencionar que la institución penitenciaria abrió además un sumario administrativo en contra del funcionario, quien presentó una licencia casi al mismo tiempo. El Ministerio de Justicia instruyó que los antecedentes fueran enviados vía oficio al fiscal Francisco Jacir. Según consignó Radio Biobío , el hecho se pudo advertir mediante las cámaras de seguridad del lugar, que captaron como el funcionario de Gendarmería se encontraba al otro lado de la mampara de la celda de Monsalve con un computador en las manos. Las imágenes muestran a la exautoridad conversando por un periodo prolongado con el gendarme, mientras este busca algo en el aparato tecnológico. La indagatoria también determinará si el computador debía o no estar en ese lugar. Fuente: CNN Chile País
Además de la ministra y la parlamentaria, el Fiscal Regional de Coquimbo solicitó la comparecencia de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien fue citada a declarar en relación con el mismo caso. El escándalo generado por la fallida compra de la residencia del expresidente Salvador Allende ha escalado a nuevos niveles, con la citación de importantes figuras políticas a declarar. La ministra de Defensa, Maya Fernández , y la senadora Isabel Allende serán citadas a declarar en calidad de imputadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. La ministra Fernández declarará el próximo jueves 23 de enero a las 15:00 horas, mientras que la senadora Allende deberá hacerlo al día siguiente, el viernes 24 de enero, a las 09:00 horas. También se ha citado a Marcela Sandoval, quien presentó su renuncia al cargo el 6 de enero debido a las controversias surgidas en torno a la compra. El gobierno había anunciado la compra por un valor aproximado $1.000 millones, sin embargo, parte de la propiedad pertenecía a Fernández y Allende lo cual contraviene normativas que prohíben intereses en contratos con el Estado. Paralelamente a la investigación judicial, el Congreso también ha tomado cartas en el asunto. El pasado 13 de enero, se creó una comisión investigadora para esclarecer los detalles y determinar si existieron irregularidades en el proceso. Fuente: CNN Chile País
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció que el Gobierno está investigando un posible mal uso de gastos reservados por parte de Manuel Monsalve, en el marco de una denuncia por violación que pesa sobre él. Cordero aclaró que, aunque no hay antecedentes confirmados de irregularidades, la situación está siendo revisada y se informará a las autoridades pertinentes. Ante esto, el caso ha cobrado relevancia debido a que Monsalve habría instruido a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para revisar cámaras de seguridad en relación con la denuncia en su contra, acción que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía. El uso de recursos y potestades del Estado para fines personales es inaceptable, además de constituir una posible irregularidad administrativa y, en ciertos casos, penal, sostuvo Cordero. Agregó que el uso de atribuciones contempladas en la Ley de Inteligencia con fines personales sería una falta aún más grave. Para asegurar la transparencia en este proceso, el Ejecutivo decidió que la Contraloría sea la entidad encargada de instruir el sumario en curso. Asimismo, un oficio fue remitido al Consejo de Defensa del Estado ante la eventualidad de delitos funcionariales. Asimismo, el subsecretario señaló que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar en esta investigación, incluyendo al propio Presidente de la República, quien se ha mostrado abierto a comparecer como testigo si fuera necesario.Cuando el Presidente dice que está disponible para colaborar, se fortalece la institucionalidad, afirmó Cordero. Por otro lado, la PDI ha emitido unaalerta de autoridad para notificar a la Fiscalía en caso de que Monsalve se presente en algún aeropuerto o control fronterizo. Esta medida, justificó la autoridad, se debe a la gravedad del caso y a la posibilidad de que, de acreditarse el delito, Monsalve enfrente penas graves. En abril pasado, esta misma medida impidió al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salir del país. Finalmente, la investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se entreguen más detalles sobre el avance de este caso que ha puesto en el foco de atención el uso de recursos públicos y las responsabilidades de los funcionarios.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
